La modificación planteada ante el Congreso especifica que solo se dará el servicio gratuito de educación a los estudiantes nativos o con residencia en Argentina. No obstante, se habilitarán becas para alumnos extranjeros.
El Gobierno de Javier Milei presentó en el Congreso la Ley Ómnibus, un proyecto llamado "Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos". Uno de los artículos del documento, que contiene un total de 664 a lo largo de 351 páginas, plantea un cambio drástico con respecto a las universidades públicas.
Extranjeros sin residencia tendrían que pagar en las universidades públicas de Argentina
El Gobierno propone sustituir el artículo 2° de la Ley N° 24521 por otro en el que se establezca que "no se realizaran cobros a todo ciudadano nativo o por opción y para todo extranjero con residencia en el país". Esto permitiría que la instituciones establezcan aranceles para los estudiantes extranjeros.
Los cobros se darían por los servicios de enseñanza de grado o trayectos educativos. No obstante, se establece habilitar la posibilidad de becas en caso de que los alumnos que no cumplan con las normas (extranjeros) lleguen como parte de convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales.
El proyecto también determina que las universidades e instituciones de educación superior deberán implementar un examen que permita a los estudiantes ingresar a las carreras directamente "sin complementar el proceso de nivelación y orientación profesional y vocacional".
Otros cambios de la Ley Ómnibus
En la ley se indica que las instituciones universitarias tendrían que obtener evaluaciones externas como mínimo cada diez años. "Abarcarán las funciones de docencia, investigación y extensión, y en el caso de las instituciones universitarias nacionales, también la gestión institucional".
Con respecto al aporte económico del Estado, postula que "se distribuirá en función del número de estudiantes matriculados en cada institución, el tipo de carrera ofrecida, tales como carreras de grado, posgrado y otras, y su área de formación y también el número de egresados y otros criterios que se definan".
Se advierte también en el texto que "la asignación de recursos se efectuará de manera que se asegure el acceso a la educación superior en todo el territorio nacional". "Este aporte del Estado nacional no puede ser disminuido ni reemplazado", concluye el apartado referido a las universidades.
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