Un acto vergonzoso de corrupción y desprecio por nuestro patrimonio natural ha salido a la luz. La denuncia constitucional contra Alejandro Soto y Waldemar Cerrón por la modificación de la Ley Forestal revela un oscuro entramado de intereses y abuso de poder.
el presidente del Congreso, Alejandro Soto, enfrenta una nueva denuncia constitucional presentada por Angela Pautrat Oyarzun, ciudadana que no está dispuesta a quedarse callada ante lo que considera un atentado ambiental. la denuncia también recae sobre Waldemar Cerrón, tercer vicepresidente del Parlamento.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá evaluar la denuncia que señala a Soto y Cerrón por el presunto delito ambiental, específicamente en la modalidad de responsabilidad funcional por otorgamiento ilegal de derechos. La acusación sostiene que ambos congresistas han ignorado el debido proceso y han faltado gravemente a sus obligaciones funcionales al promulgar una ley que aún estaba en observación por dos congresistas de la república.
El documento de la denuncia expone con claridad la sospecha de un actuar indebido, afirmando: "Es evidente que los congresistas denunciados, abusando de las facultades otorgadas como miembros de la Mesa Directiva del Congreso de la República, retiraron los recursos de reconsideración planteados por las autoridades de elección popular, con el único fin de beneficiar indebidamente a un pequeño grupo de empresas que estarían realizando la desforestación".
La modificación de la Ley Forestal, aprobada por el Congreso, ha generado gran malestar entre la población consciente de la importancia de la preservación ambiental. La norma altera los artículos 29 y 33 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, así como introduce disposiciones complementarias que afectan directamente la zonificación forestal.
La ley permite que los bosques de producción permanente sean establecidos por resolución ministerial, propuesta por el Serfor, despojando así de poder de decisión a las autoridades regionales. Además, sorprendentemente, elimina la obligatoriedad de la zonificación forestal como requisito para el otorgamiento de títulos habilitantes, abriendo la puerta a posibles abusos en el aprovechamiento de recursos naturales.
En este contexto, surge la pregunta: ¿A quién beneficia realmente esta modificación? La respuesta parece evidente al observar que durante el periodo de suspensión de la exigencia de zonificación forestal, no se otorgarán títulos habilitantes en áreas que estén en trámite de reconocimiento, titulación o ampliación de comunidades campesinas y nativas. Un atropello a la protección de derechos fundamentales y un claro intento de favorecer a ciertos intereses particulares.
La aprobación de esta modificación de la Ley Forestal no solo es una afrenta al medio ambiente, sino también un desprecio por el proceso democrático y un atentado contra la participación ciudadana. La sociedad no puede quedarse de brazos cruzados ante decisiones que ponen en riesgo nuestro entorno y los derechos de las comunidades afectadas. Es momento de levantar la voz y exigir transparencia, responsabilidad y respeto por nuestras leyes y el medio ambiente.
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