La Comisión de Ética del Congreso ha cerrado el año sin tomar acciones contundentes contra congresistas cuestionados, sumergiendo al país en un mar de incertidumbre y desconfianza en las instituciones. Rosselli Amuruz, Juan Carlos Lizarzaburu, David Jiménez, Paul Gutiérrez, Nelcy Heidinger y Jorge Flores Ancachi han quedado sin sanción, a pesar de acusaciones serias que han generado revuelo en la opinión pública.
Rosselli Amuruz
La vicepresidenta del Parlamento, vinculada a Avanza País, está bajo el peso de acusaciones por organizar una fiesta que terminó en tragedia con la muerte de un invitado. A pesar de evidencias claras que la incriminan, Amuruz ha negado su implicación y evade una sanción, mientras se demora el avance de su caso en la Comisión de Ética.
Juan Carlos Lizarzaburu
Este congresista fujimorista ha caído en la controversia por comentarios irrespetuosos y obscenos sobre partes íntimas de sus colegas parlamentarias. Recientemente enfrenta una denuncia en la Comisión de Ética por esta conducta inaceptable.
David Jiménez
Otro representante de Fuerza Popular, señalado por aprovecharse de dinero público al emplear a una trabajadora de su instituto privado, pagándola con fondos del Congreso. A pesar de haber tenido una audiencia, su caso aún espera una decisión definitiva en la Comisión.
Paul Gutiérrez
Del Bloque Magisterial, enfrenta acusaciones por proponer un proyecto de ley sobre pensiones alimenticias que aparentemente le beneficiaría personalmente en un caso judicial. Aunque su caso está siendo investigado, se espera el informe final de la Comisión de Ética al respecto.
Nelcy Heidinger
Denunciada por tener un asesor sin contrato, utilizando la identificación de otro trabajador del Congreso. A pesar de las acusaciones, su audiencia para abordar este tema aún no ha sido programada en la Comisión.
Jorge Flores Ancachi
Sindicado por reducir el sueldo a sus trabajadores y presuntamente exigir un porcentaje de sus ingresos, ha sido grabado en un reportaje admitiendo esta conducta. A pesar de ello, el informe final que recomendaba su suspensión por 120 días quedó sin acuerdo en la última sesión de la Comisión de Ética.
Estos congresistas han sumido al país en un estado de indignación y desconfianza, mostrando una falta de voluntad política para sancionar conductas inapropiadas en el ejercicio de sus funciones. Mientras los expedientes avanzan a paso lento, la ciudadanía exige justicia y transparencia en un momento en que la integridad del Congreso se encuentra seriamente cuestionada.
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