Juan Carlos Núñez Matos y su familia fueron incluidos en una lista de restricciones migratorias. La medida se da justo cuando el caso del megapuerto sigue sin resolución definitiva en el Tribunal Constitucional.
El gobierno de Estados Unidos decidió revocar la visa del juez Juan Carlos Núñez Matos, magistrado del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, y también la de sus familiares directos. La noticia cayó como un balde de agua fría en el país. Washington lo incluyó en una nueva política de restricciones migratorias que, según ellos, apunta a personas que “atentan contra gobiernos elegidos democráticamente” a través de actos de corrupción o narcotráfico.
Lo que más llama la atención es que este juez es el mismo que, en enero de este año, emitió un fallo a favor de Cosco Shipping, la empresa china que opera el puerto de Chancay. Un fallo que generó mucha polémica porque limitaba las facultades de Ositrán sobre el terminal portuario.
¿Qué fue lo que falló el juez Núñez?
El 29 de enero de 2026, el magistrado declaró fundada una demanda de amparo presentada por Cosco Shipping Ports Chancay Perú contra Ositrán y la Presidencia del Consejo de Ministros. En su resolución, ordenó al organismo regulador que se abstuviera de ejercer sus funciones de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre las operaciones del puerto.
En la práctica, el fallo dejaba a Ositrán con las manos atadas respecto al megapuerto. Solo dejaba abierta la posibilidad de fijar tarifas a los usuarios finales, y eso siempre y cuando Indecopi hubiera determinado antes que no había competencia en ese mercado.
La decisión generó un debate fuerte: ¿hasta dónde puede llegar el Estado peruano cuando se trata de una infraestructura privada de uso público? Muchos vieron en ese fallo un golpe a la capacidad del país de regular una obra estratégica como Chancay.
El fallo no duró mucho
La Segunda Sala Constitucional de Lima revocó la sentencia de Núñez Matos y declaró improcedente la demanda de Cosco. Los magistrados de segunda instancia fueron claros: el puerto de Chancay es una infraestructura de transporte de uso público y, por lo tanto, la empresa que lo opera está sujeta a las facultades de Ositrán.
Sin embargo, el caso no termina ahí. Cosco presentó un recurso de agravio constitucional para llevar el tema al Tribunal Constitucional. En julio, la Segunda Sala concedió ese recurso y ordenó elevar el expediente. Es decir, todavía no hay una decisión definitiva sobre hasta dónde puede llegar el Estado peruano en la supervisión del puerto.
No solo es Perú: también Bolivia, Colombia y Ecuador
La medida de Estados Unidos no se limitó al juez peruano. El Departamento de Estado anunció que la misma política alcanzó a funcionarios y ciudadanos de Bolivia, Colombia y Ecuador.
En Bolivia, revocaron las visas de 12 personas y sus familias. En la lista hay jueces, fiscales, un exministro de Justicia, un magistrado constitucional, un exfuncionario de Aduanas, un policía y un empresario. Además, a otros nueve bolivianos les impidieron obtener visa estadounidense. Entre los señalados está el fiscal general Roger Mariaca, a quien Washington acusa de corrupción grave.
En Colombia, las restricciones alcanzaron al empresario Euclides Antonio Torres Romero y a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, del Pacto Histórico. En Ecuador, el gobierno estadounidense revocó las visas de dos ciudadanos y sus familiares, aunque no reveló sus nombres.
Una medida que genera molestia e inquietud
Lo preocupante de todo esto es que un juez peruano termina en una lista de restricciones migratorias de Estados Unidos por un fallo que, además, ya fue revocado. El caso del puerto de Chancay sigue abierto en el Tribunal Constitucional y todavía no hay una respuesta definitiva sobre las facultades de Ositrán.
Mientras tanto, el mensaje que llega desde Washington es claro: están dispuestos a usar las visas como herramienta de presión política. Y eso, en un país como el nuestro, donde las instituciones ya cargan con suficientes problemas, no deja de generar un malestar profundo.
¿Hasta dónde puede llegar la intromisión de potencias extranjeras en las decisiones de nuestros jueces? Esa es la pregunta que queda flotando después de esta decisión.
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