La denuncia también alcanza a Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar, además de sus respectivos ministros de Justicia. El caso gira en torno a la permanencia de la procuradora general del Estado pese a un proceso penal en su contra.
La presidenta Keiko Fujimori fue denunciada penalmente ante la Fiscalía de la Nación por una presunta omisión relacionada con la permanencia de María Caruajulca Quispe al frente de la Procuraduría General del Estado.
La denuncia fue presentada el 24 de septiembre y también comprende al actual ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, así como a los expresidentes Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar y a sus respectivos ministros de Justicia.
Según el denunciante, las autoridades tuvieron la posibilidad de evaluar la permanencia de Caruajulca en el cargo y no habrían dispuesto su salida pese a la existencia de un proceso penal en su contra. La acusación deberá ser evaluada por el Ministerio Público y, por ahora, se trata de presuntas responsabilidades que no han sido determinadas judicialmente.
¿Por qué se cuestiona la permanencia de Caruajulca?
El caso se remonta a la restitución de María Caruajulca como procuradora general del Estado en mayo de 2024, mediante una resolución suprema que ejecutó una sentencia de amparo.
El cuestionamiento planteado en la denuncia es que, antes de esa restitución, Caruajulca ya enfrentaba un proceso penal formalizado por el Ministerio Público. Además, el Ministerio de Justicia figuraba como agraviado directo en dicho proceso, según los argumentos recogidos en la denuncia.
El denunciante sostiene que esta situación debía haber sido considerada por las autoridades encargadas de evaluar su permanencia en la Procuraduría General del Estado.
La denuncia alcanza a cuatro gobiernos
El caso no se limita al actual Gobierno. La denuncia intenta establecer responsabilidades durante diferentes administraciones.
- Keiko Fujimori, actual presidenta de la República, y el ministro de Justicia Ernesto Álvarez.
- Dina Boluarte y cuatro de sus ministros de Justicia.
- José Jerí y su ministro de Justicia.
- José María Balcázar y su ministro de Justicia.
De acuerdo con el documento presentado ante la Fiscalía, el argumento central es que las distintas autoridades tuvieron conocimiento o posibilidad de conocer la situación jurídica de Caruajulca y, pese a ello, permitieron su continuidad en el cargo.
La denuncia fue ingresada a la Mesa Única de Partes del Ministerio Público y será la Fiscalía la que determine qué corresponde hacer con los hechos puestos en su conocimiento.
Un informe fiscal volvió a poner el caso bajo los reflectores
El caso tomó mayor fuerza después de que se conociera un informe elaborado por el fiscal supremo Juan Carlos Villena Campana.
Según los reportes publicados sobre el documento, el fiscal solicitó autorización para investigar penalmente a Caruajulca y señaló que la procuradora habría omitido informar sobre la existencia de un proceso judicial al momento de reasumir sus funciones.
El informe permaneció reservado hasta que fue difundido públicamente en septiembre. La revelación provocó que el Senado citara al ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que explicara la situación.
Así, un expediente que parecía estar enterrado entre documentos administrativos volvió a convertirse en un problema político y judicial para el Gobierno.
¿Qué ocurrió con el proceso penal contra Caruajulca?
Uno de los elementos mencionados en la denuncia es una sentencia emitida en enero de 2026 por un juzgado penal de Lima Norte contra Caruajulca.
Sin embargo, es importante precisar que una sentencia de primera instancia no equivale a una condena definitiva. Reportes posteriores señalan que la decisión fue revisada en segunda instancia y que la Sala de Apelaciones terminó revocándola y absolviendo a Caruajulca.
Por ello, el estado procesal completo del caso resulta relevante para determinar qué efectos jurídicos podía tener esa situación sobre su permanencia en la Procuraduría.
El argumento del “error” administrativo
La denuncia también utiliza como argumento una jurisprudencia del Tribunal Constitucional resumida en la idea de que “el error no genera derecho”.
Con base en ese criterio, el denunciante sostiene que un acto administrativo basado en información incorrecta, incompleta u ocultada no debería considerarse automáticamente válido solo porque ya fue ejecutado.
Sin embargo, será la autoridad competente la que deberá determinar si este argumento resulta aplicable al caso concreto y si existió alguna infracción penal por parte de las autoridades denunciadas.
¿Qué pasará con la denuncia contra Keiko Fujimori?
La presentación de una denuncia penal no significa que Keiko Fujimori haya sido declarada responsable de algún delito. El documento pone determinados hechos en conocimiento del Ministerio Público para que sean evaluados.
Además, al tratarse de una presidenta de la República en funciones, existen reglas constitucionales específicas sobre las acusaciones que pueden formularse durante su mandato. La presentación de una denuncia ante la Fiscalía no equivale automáticamente a una acusación penal ni a la apertura de un proceso ordinario contra la mandataria.
Por ahora, el caso coloca nuevamente a la Procuraduría General del Estado y a su titular en el centro de una controversia que involucra a funcionarios de varios gobiernos.
Un caso que ahora deberá explicar la Fiscalía
La pregunta central ya no es únicamente por qué María Caruajulca permaneció en el cargo, sino qué sabían las autoridades en cada momento y qué decisiones tomaron frente a esa información.
La denuncia busca que el Ministerio Público determine si hubo omisión de actos funcionales u otras responsabilidades. Hasta que exista una decisión de las autoridades competentes, las acusaciones deben mantenerse como tales y no como hechos probados.
Lo que sí está confirmado es que el caso ha vuelto a poner bajo presión al Ministerio de Justicia y a la Procuraduría General del Estado. Y esta vez, la lista de nombres involucrados atraviesa más de una administración.
¿Crees que la Fiscalía debería investigar a fondo las decisiones tomadas por los distintos gobiernos sobre la permanencia de la procuradora? Déjanos tu opinión en los comentarios.
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