El tribunal determinó que la Municipalidad de Lima deberá reembolsar más de US$724 mil por costos del arbitraje. Además, cuestionó parcialmente la actuación de la comuna en el contrato de concesión.
La disputa entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y las empresas vinculadas a las concesiones viales vuelve a golpear las cuentas de la comuna. Esta vez, un tribunal arbitral determinó que la municipalidad deberá reembolsar US$724.099,28, equivalente a más de S/2 millones, por el 50% de los costos del arbitraje en el caso Rutas de Lima.
La decisión fue emitida el pasado 12 de junio y forma parte de un proceso que enfrenta a la Municipalidad de Lima con la concesionaria por diferentes aspectos relacionados con el contrato de concesión.
Y aquí aparece el detalle que complica aún más el panorama: el tribunal no solo se pronunció sobre los costos del proceso, sino que también encontró responsabilidad parcial de la MML en uno de los reclamos y cuestionó la forma en que se puso fin al contrato.
Tribunal determina incumplimiento parcial de la Municipalidad de Lima
En la primera pretensión planteada por Rutas de Lima, el tribunal determinó por mayoría que la Municipalidad de Lima incumplió parcialmente sus obligaciones relacionadas con la entrega de terrenos para el tramo Ramiro Prialé.
El tribunal también señaló que existió negligencia por parte de los involucrados y estableció que, conforme al Código Civil peruano, la municipalidad deberá compensar o indemnizar parcialmente a Rutas de Lima.
Sin embargo, el monto de esa eventual compensación todavía no ha sido establecido y deberá determinarse en una etapa posterior del proceso arbitral.
Millonarios reclamos de Rutas de Lima fueron rechazados
No todo fue favorable para la concesionaria. Las pretensiones segunda, tercera y cuarta presentadas por Rutas de Lima fueron desestimadas por unanimidad.
Los reclamos estaban relacionados con el reajuste por inflación de las tarifas de peaje, los denominados “puntos de fuga” en Huaylas y Villa, además del supuesto reequilibrio económico derivado de la ley de suspensión de peajes y de las medidas adoptadas durante la pandemia de COVID-19.
En conjunto, estas pretensiones representaban aproximadamente US$97,6 millones, una cifra que equivaldría a unos S/330,9 millones.
Es decir, aunque la Municipalidad de Lima deberá asumir más de S/2 millones por los costos del arbitraje, el tribunal también rechazó reclamos que, de haber prosperado, habrían representado cientos de millones de soles adicionales.
Tribunal cuestiona la terminación del contrato
Uno de los puntos más relevantes corresponde a la quinta pretensión presentada por Rutas de Lima.
El tribunal determinó por mayoría que la Municipalidad de Lima incumplió la cláusula 17.7 del contrato de concesión cuando declaró, en enero de 2023, la terminación unilateral del contrato alegando una supuesta afectación al interés público.
Según la decisión arbitral, dicha resolución no respetó las disposiciones del contrato de concesión ni la legislación peruana.
El tribunal también cuestionó la rapidez con la que se tomó la decisión. De acuerdo con el fallo, el procedimiento se resolvió en pocos días y no habría contado con un informe de la Comisión de Asuntos Legales, un análisis de costo-beneficio ni una evaluación de alternativas junto con Rutas de Lima.
El antecedente del Tribunal Constitucional
El tribunal arbitral también tomó como referencia el caso conocido como Pairazamán, resuelto por el Tribunal Constitucional.
Según el documento, el TC había suspendido el cobro de peajes en Puente Piedra, pero rechazó la demolición de la garita. Para el tribunal arbitral, esa medida resultaba considerablemente menos drástica que terminar de manera unilateral una concesión.
Este elemento fue considerado dentro de la evaluación sobre las decisiones adoptadas por la Municipalidad de Lima.
El caso Lima Expresa suma otro problema para la MML
Pero el caso Rutas de Lima no es el único frente arbitral que genera costos para la Municipalidad de Lima.
El pasado 15 de septiembre, un tribunal de apelación en París ordenó a la comuna pagar 200 mil euros, equivalentes a aproximadamente S/771 mil, a Lima Expresa.
El origen de esta disputa se remonta a 2019, cuando el incremento de los peajes y los cuestionamientos relacionados con los casos de corrupción de OAS y Odebrecht llevaron a la gestión del entonces alcalde Jorge Muñoz a iniciar acciones para buscar la nulidad del contrato de concesión.
Muñoz intentó renegociar el contrato
Durante la gestión de Jorge Muñoz, la Municipalidad de Lima convocó a las empresas concesionarias a un proceso formal de negociación.
La comuna planteó que la continuidad del contrato estuviera condicionada a una reducción de la tarifa del peaje hasta S/4,40. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a un acuerdo.
En julio de 2019, tras el fracaso de las conversaciones, Muñoz anunció que la Municipalidad de Lima solicitaría la anulación total del contrato de concesión y sus adendas ante la Cámara de Arbitraje Internacional de París.
La gestión de López Aliaga continuó con la estrategia
Con la llegada de Rafael López Aliaga a la alcaldía, la Municipalidad de Lima mantuvo la estrategia de buscar la nulidad total del contrato.
La posición de la comuna sostenía que el origen de la concesión estaba relacionado con hechos de corrupción ocurridos en administraciones anteriores. Sin embargo, el proceso arbitral no terminó como esperaba la municipalidad.
La instancia arbitral estableció inicialmente una compensación superior a US$46 millones a favor de la concesionaria. La Municipalidad de Lima no efectuó ese pago en los términos establecidos.
La concesión se extendería hasta 2055
En septiembre de 2025, una decisión emitida en París estableció un mecanismo diferente para atender los incumplimientos contractuales atribuidos a la Municipalidad de Lima.
En lugar de exigir que todo el monto fuera pagado inmediatamente en efectivo, la decisión dispuso una extensión obligatoria de la concesión de Lima Expresa por seis años adicionales.
De esta manera, la concesión se extendería hasta 2055.
Dos arbitrajes y una factura que sigue creciendo
Los casos de Rutas de Lima y Lima Expresa muestran que las disputas por las concesiones viales de Lima están lejos de terminar.
Por un lado, la Municipalidad logró que varios reclamos millonarios de Rutas de Lima fueran rechazados. Pero, por otro, deberá asumir costos del arbitraje y podría enfrentar una compensación adicional por el incumplimiento relacionado con la entrega de terrenos.
A esto se suma el conflicto con Lima Expresa y las consecuencias económicas y contractuales derivadas de los procesos iniciados desde 2019.
Al final, la batalla por los peajes no solo se libra en las calles o en los tribunales: también termina pasando la factura a las cuentas de la Municipalidad de Lima.
¿Crees que la Municipalidad de Lima debería continuar intentando anular estos contratos o buscar una salida negociada? Déjanos tu opinión en los comentarios.
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